19 de julio de 2010 46 visitas

José Ibarrola

El 16 de junio se firmó el Pacto Social por la Vivienda, el el que 70 entidades públicas y privadas sientan las bases de la política de vivienda para los próximos 15 años. Estamos ante una oportunidad de oro para poner los cimientos que solucionen este problema en Euskadi.

Hay algunas propuestas loables, como cambiar el sistema de sorteos para la adjudicación de pisos, apostar por la rehabilitación, impulsar el alquiler, establecer precios diferenciados en la venta de la vivienda protegida en función de los niveles de renta y revisar periódicamente la situación de los adjudicatarios.

Aunque hay propuestas destacables en el pacto, también hay otras preocupantes, como los programas de alquiler con opción a compra, nuevas fórmulas de colaboración pública-privada en la gestión y promoción y mayor protagonismo de la vivienda pública tasada. En este último caso se cuenta ya con la experiencia de ayuntamientos que han desarrollado ordenanzas para regular dichas viviendas. El resultado es que los ingresos máximos permitidos para entrar en los sorteos, así como las exigencias del padrón, suben de forma importante. En Getxo, por ejemplo, se puede optar a esta modalidad con un empadronamiento mínimo de 3 años y unos ingresos anuales de 60.000 euros.

Según la normativa autonómica, los ingresos máximos para acceder a las viviendas tasadas municipales de régimen general no deben superar el índice 1,5 respecto a los ingresos máximos vigentes para las VPO de régimen general, lo que se traduce en permitir unos ingresos anuales de 52.500 euros. Su objeto es dar respuesta al segmento de personas que no acceden a la VPO porque superan el nivel de ingresos, pero tampoco pueden llegar al mercado libre. ¿Una persona con 50.000 euros de ingresos anuales no puede acceder al mercado libre? Si no, ¿quién puede? Según la última estadística del EUSTAT de Renta Personal y Familiar, tan sólo el 3% de la población de Euskadi supera los 50.000 euros de renta. Según datos del Gobierno vasco, el 76% de los demandantes de VPO tiene unos ingresos como unidad convivencial inferiores a 35.000 euros, y en la actualidad hay 96.145 expedientes en Etxebide. ¿No son suficientes?

Se ha nombrado 2010 como año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social, y el Parlamento Europeo ha fijado el año 2015 para erradicar el fenómeno del ’sinhogarismo’. Las políticas encaminadas a garantizar el derecho a la vivienda serán la mejor herramienta para luchar contra ambas problemáticas. Para la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que Trabajan con Personas Sin Hogar (FEANTSA), «el ’sinhogarismo’ puede y debe erradicarse, no sólo administrarse». Sin embargo, no parece que el derecho subjetivo a la vivienda sea una de las prioridades para el Gobierno. Este debate sí se ha dado en el marco de elaboración de la Ley del Derecho a la Vivienda en Cataluña y Andalucía.

Mientras, seguimos viviendo la ignominia que supone la existencia de gente durmiendo en la calle cuando hay viviendas vacías. En el último informe presentado al Parlamento vasco por el Observatorio Vasco de la Vivienda no se cita este hecho, aunque en una estadística que el propio organismo realizó en 2007 se cifra en 23.000 las viviendas deshabitadas en Euskadi (excluidas segundas residencias y viviendas temporales). Resulta sorprendente que, ni en los retos ni en las líneas de actuación del Pacto Social por la Vivienda se cite este grave problema. Tan sólo aparece nombrado, vinculado al programa Bizigune, en una de las 87 acciones propuestas. En Francia se facilita la puesta en alquiler de vivienda vacía y se puede requisar una durante 12 años si se encuentra vacía 18 meses y la persona propietaria no ha hecho lo posible para facilitar su arrendamiento. ¿Por qué el Pacto Social por la Vivienda no propone ninguna medida para acabar con las viviendas vacías y sí construir 90.000? ¿No supone menor coste, mayor sostenibilidad ambiental y beneficio social sacar al mercado las vacías?

Contamos para ello con una herramienta valiosa, Bizigune. De esos 90.000 pisos que se ha previsto construir, sólo se destinarían 40.000 al alquiler. Según los datos de Etxebide, el 61,3% de los solicitantes inscritos había marcado alguna de las opciones de alquiler. Si se quiere un parque estable de alquiler, ¿por qué no se destina a este fin un mayor número de pisos?

Bizigune establece como renta de alquiler el 30% de los ingresos, esto supone un arma importantísima de lucha contra la exclusión social y residencial. Prueba de ello es que un cuarto de los adjudicatarias pertenece a uno de los segmentos más vulnerables, las personas extranjeras. De esta forma se compensa la discriminación que sufren en el mercado libre cuando intentan acceder a una vivienda de alquiler, y la dificultad para entrar en los sorteos de VPO, en su mayoría de pisos en venta (2,8% de las adjudicaciones de VPO entre 2005 y 2007 eran a personas extranjeras, cuando representan el 12% del total de inscritos en Etxebide).

Se necesita una apuesta valiente y decidida por la vivienda, dejando de considerarla un bien privado y de lujo sobre el que no se puede intervenir. Tiene que ser un derecho, alejando la mirada de la posesión y centrándola en el acceso. Es perfectamente válido poseer una vivienda, pero no a costa del dinero público. El alquiler es el único régimen de acceso capaz de adaptarse a los cambios en la situación económica de los demandantes, las nuevas formas de convivencia, los cambios de lugar de residencia, facilita el acceso a sectores vulnerables, etcétera. Esta apuesta debe ir acompañada de otras, como medidas tendentes a sacar al mercado las viviendas vacías, impedir la compra de las pisos públicos de alquiler, luchar contra las discriminaciones y abusos en el acceso a la vivienda en el mercado libre, medidas fiscales acordes a la nueva política... El reto es grande, pero no más de lo que supuso la creación de la sanidad pública o los servicios sociales. No podemos dejar pasar la oportunidad de arrancar la vivienda de las manos privadas y convertirla, por fin, en un derecho.